CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA:DIFERENDO MARITIMO TERRITORIAL NICARAGUA-COLOMBIA
Jueves, 22 de Noviembre de 2012 07:05
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La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas. Tiene su sede en el Palacio de la Paz en la Haya (Países Bajos) y está encargada de decidir las controversias jurídicas entre Estados. También emite opiniones consultivas sobre cuestiones que pueden someterle órganos o instituciones especializadas de la ONU.


La Corte Internacional de Justicia fue creada en 1945 por la Carta de las Naciones Unidas y comenzó a funcionar en 1946.

Sus quince magistrados, elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, cumplen mandatos de nueve años.

Los idiomas oficiales son el inglés y el francés.

De los seis órganos principales de las Naciones Unidas (Asamblea General, Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social, Consejo de Administración Fiduciaria y Corte Internacional de Justicia) es el único que no se sitúa en Nueva York (Estados Unidos).

Su Estatuto forma parte integral de la Carta de las Naciones Unidas.

El contenido total del sitio de la Corte está disponible en los dos idiomas oficiales de ésta, francés e inglés. Sin embargo, un cierto número de documentos han sido puestos a disposición del público en otros idiomas oficiales de las Naciones Unidas, tal como el español. Se encontrará una lista completa de dichos documentos a continuación.


Historia

La creación de la Corte supuso el punto culminante de la evolución que han experimentado los métodos para el arreglo pacífico de las controversias internacionales. Los orígenes de estos procesos tienen más de dos mil años de antigüedad.

El Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas enumera los siguientes métodos para el arreglo pacífico de las controversias entre Estados:

  • negociación,
  • investigación,
  • mediación,
  • conciliación,
  • arbitraje,
  • arreglo judicial y
  • recurso a organismos o acuerdos regionales.

Algunos de los métodos de esta lista, a la que habría que añadir los buenos oficios, conllevan la participación de terceros.

La mediación, por ejemplo, sitúa a las partes enfrentadas en una posición desde la cual ellas mismas pueden resolver la controversia, gracias a la intervención de un tercero.

El arbitraje va aún más lejos, ya que la controversia se somete a la decisión o al fallo de un tercero imparcial, para que se pueda conseguir un arreglo vinculante.

Lo mismo sucede con el arreglo judicial (el método que emplea la Corte Internacional de Justicia), salvo en el sentido de que una corte está sometida a normas más estrictas que un tribunal arbitral, sobre todo en cuestiones de procedimiento.

La mediación y el arbitraje han precedido al arreglo judicial en la historia. La primera ya se conocía en la antigua India y en el mundo islámico, mientras que del segundo aparecen numerosos ejemplos en la Grecia clásica, en China, en las tribus árabes, en el derecho consuetudinario marítimo de la Europa medieval y en la práctica pontificia.



TEMA PARA COMPRENDER LA DECISIÓN TOMADA PARA RESOLVER LA SITUACIÓN PRESENTADA ENTRE COLOMBIA Y NICARAGUA




 



Derecho del mar

Está regido principalmente por la "Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar", la cual se considera uno de los instrumentos más completos del derecho internacional y establece el marco fundamental para todos los aspectos de soberanía, jurisdicción, utilización y derechos y obligaciones de los Estados en relación con los océanos. La Convención trata sobre el espacio oceánico y su utilización en todos sus aspectos: navegación, sobrevuelo, exploración y explotación de recursos, conservación y contaminación, pesca y tráfico marítimo.

Contiene 320 artículos y nueve anexos que definen zonas marítimas, establecen normas para demarcar límites marítimos, asignan derechos, deberes y responsabilidades de carácter jurídico y prevén un mecanismo para la solución de controversias.

Esta Convención fue producto de negociaciones iniciadas en la Tercera Conferencia sobre el Derecho del Mar en 1973 y se abrió a la firma en 1982 en Montego Bay, Jamaica. Cuenta con 158 firmantes, siendo el instrumento internacional suscrito por mas Estados. Entró en vigor en 1994 y en diciembre del 2000 contaba contaba con 135 Estados partes

Esta Convención es tomada en cuenta como el marco y base de todo instrumento futuro que se proponga definir aún más los derechos y compromisos sobre los océanos. Asimismo ha dado frutos importantes tales como:

  • La aceptación casi universal de las doce millas como límite del mar territorial
  • La jurisdicción de los Estados ribereños sobre los recursos de una zona económica exclusiva de no más de 200 millas marinas
  • El derecho de tránsito a través de los estrechos usados para la navegación internacional
  • La soberanía de los Estados archipielágicos (compuestos por islas) sobre una zona de mar delimitada por líneas trazadas entre los puntos extremos de las islas
  • Los derechos soberanos de los Estados ribereños sobre su plataforma continental
  • La responsabilidad de todos los Estados de administrar y conservar sus recursos biológicos
  • La obligación de lo Estados de resolver por medios pacíficos las controversias relativas a la aplicación o interpretación de la Convención

Además se ha legislado sobre la cuestión de la explotación minera de los fondos oceánicos (Parte XI de la Convención), que ha sido uno de los temas más difíciles, ya que muchos países industrializados no aceptaban los detallados procedimientos de producción de fondos marinos, las condiciones de los contratos y la transmisión obligatoria de tecnología. Debido a esto, se adoptó en 1994 el "Acuerdo relativo a la aplicación de la Parte XI de la Convención", que elimina la obligación de la transmisión de tecnología, establece disposiciones generales sobre la explotación, y deja que la Autoridad de los Fondos Marinos determine la índole de las normas para autorizar las operaciones mineras en los fondos marinos.

Organos establecidos en virtud de la Convención

  • Autoridad Internacional de los Fondos Marinos: a través de ésta los Estados partes controlan y organizan las actividades relativas a los recursos naturales en los fondos marinos fuera de los límites de las jurisdicciones nacionales. Se estableció en 1994 en Kingston, Jamaica (Sitio oficial).
  • Tribunal Internacional del Derecho del Mar: es un foro de solución de controversias sobre la interpretación o aplicación de las Convención. Fue establecido en 1994, en Hamburgo, Alemania y cuenta con no más de 21 jueces (Sitio oficial).
  • Comisión de Límites de la Plataforma Continental: hace recomendaciones a los Estados que reclaman plataformas continentales de más de 200 millas. Está integrada por 21 miembros elegidos por los Estados partes y se encuentra en la Sede de las Naciones Unidas, donde celebró sus dos primeras sesiones en 1997 (Sitio oficial).

Texto de la Convención de las Naciones Unidas para
el Derecho del Mar en español

Sitio oficial de la División de los Oceános y asuntos del mar

Ver la labor de la ONU para evitar la contaminación del mar

Organización Marítima Internacional

La Organización Matrítima Internacional también apoya de forma decidida la codificación del derecho marítimo, ya que ha elaborado y aplicado en todo el mundo alrededor de 40 convenciones, convenios y protocolos y alrededor de 800 códigos y recomendaciones que tratan temas tan diversos como el transporte marítimo, la protección de la vida humana en el mar, la prevención y combate de la contaminación marina, el salvamento, el tráfico marino y el terrorismo en el mar.

Ver OMI y Convenciones (sólo en inglés)


FUENTE:

CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

NACIONES UNIDAS CENTRO DE INFORMACIÓN


LECTURAS COMPLEMENTARIAS

"Colombia en la ONU 1945-1995" Por Alvaro Tirado Mejia y Carlos Holguín Holguín Capítulo VII: Las Conferencias sobre el Derecho del Mar

DIFERENDO MARITIMO TERRITORIAL NICARAGUA-COLOMBIA

EL NUEVO RÉGIMEN DEL MAR

El Derecho del Mar - Fundación Universitaria Los Libertadores

antecedentes del derecho del mar - Estudio Jurídico Portabella

Traducción del Fallo de la Corte Internacional de Justicia en el "Diferendo Territorial y Marítimo" (Nicaragua c. Colombia). Excepciones Preliminares

Tratado Esguerra-Bárcenas


La demanda de Nicaragua contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia

En los próximos meses deberá producirse un fallo de la Corte Internacional de Justicia en La Haya sobre el litigio Colombo-nicargüense. Qué debe esperar el país y qué puede hacerse frente al fallo. Análisis.

Antonio J. Rengifo Lozano, PhD, Departamento de Derecho

Germán Vargas Cuervo, PhD, Departamento de Geografía
Profesores Universidad Nacional, Grupo de Investigación Frontera y Territorio

La demanda de Nicaragua contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya pone jurídicamente en cuestión la soberanía de nuestro país sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el Mar Caribe y pide a la Corte el trazado de una línea única de delimitación marítima entre la Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva pertenecientes respectivamente a Nicaragua y a Colombia, “en concordancia con los principios de equidad y las circunstancias relevantes reconocidas por el derecho internacional y que son aplicables a tal delimitación de frontera marítima única”.

¿Cuáles son, de conformidad con la configuración geográfica y el derecho internacional de la delimitación marítima, los escenarios posibles que tendría la Corte Internacional de Justicia para proferir su fallo en este caso, desde luego, en el evento de que no fuesen acogidas las excepciones preliminares propuestas por Colombia? ¿Cómo puede Colombia alcanzar niveles óptimos de eficiencia en la estructuración jurídica de su estrategia defensiva para responder a las pretensiones de Nicaragua?

Son esos los interrogantes que se ha propuesto para este trabajo el Grupo de investigación Frontera y Territorio de la Universidad Nacional de Colombia. Para ello, abordó el estudio del caso desde una perspectiva interdisciplinaria e integradora de sus diversos aspectos, con la finalidad de hacer una contribución académica para el fortalecimiento de los argumentos de la defensa de Colombia.

Desde la geografía, un análisis preliminar permite constatar que la Isla de San Andrés se encuentra situada en el territorio Colombiano, en el departamento de San Andrés y Providencia, en el Mar Caribe a 619,6 Km al Noroeste de Cartagena, entre los 12°28’55” y 12°35’37” de latitud Norte y entre 81°40’49” y 81°43’23” de longitud Oeste. Es una isla de aspecto alargado y en forma de caballito de mar con una superficie aproximada de 27 km². El archipiélago consta de un conjunto de islotes y cayos (Johny Cay, Rose Cay, Rocky Cay, Haynes Cay, Cotton Cay, Courtwon Cay, Haynes Cay, Grunt Cay, Grasey Cay, Cayos de Albuquerque y Serranilla y Bancos de Roncador, Serrana y Quitasueño) que se extienden por espacio de cerca de 500 Km². En la Isla de San Andrés no hay corrientes superficiales permanentes. Ocasionalmente, durante los periodos lluviosos se forman pequeños cauces, la Rada y el Cove, al occidente de la Isla, y una serie de caños menores que drenan hacia la zona pantanosa del Oriente. Estos caños tienen menos de 1 km. de longitud, nacen en el sistema de colinas que atraviesa la Isla y drenan áreas pequeñas. Las características geológicas de las vertientes favorecen la ocurrencia de una escorrentía superficial alta en la mayor parte de la Isla y la recarga de acuíferos profundos en algunos sectores particulares. Por otra parte, una de las fuentes de agua potable en la Isla la constituyen los acuíferos. Entre ellos se destaca el localizado en la depresión del Cove.

Pese a que a San Andrés se la conoce como playa y mar, la isla presenta en su parte central un relieve emergido de antiguos arrecifes coralinos que hoy forman colinas, escarpes o paleo-acantilados y mesetas con alturas máximas de 87 m. Los puntos más altos están en la cima Pussy con 87 m y en la cima Samwright, al Sur, con 82 m.

Aunque la posición geográfica de la Isla de San Andrés es más en cercanías de Nicaragua, para el análisis de frontera y territorio es preciso tomar en consideración factores (el origen y composición geológica de la isla, los límites de las placas tectónicas y sus desplazamientos o movimientos relativos, la configuración de la plataforma continental y también aspectos históricos, políticos, culturales, sociales, económicos y ambientales) que seguramente aportarán una diversidad de respuestas que permitirían establecer criterios de espacio y territorio para documentar en Colombia el caso propuesto por Nicaragua.

El grupo de investigación Frontera y Territorio, siguiendo desarrollos recientes de la geografía y de la geología, y aplicando métodos técnicos para el estudio de demarcación de fronteras, pretende aportar nuevos criterios y recabar información multidisciplinar para fortalecer la posición de Colombia en sus fronteras, tanto respecto de los estados fronterizos como frente a la sociedad internacional.

Es de esperar que las excepciones preliminares propuestas por Colombia en el caso propuesto por Nicaragua sean acogidas por la Corte Internacional de Justicia. La decisión que sobre ese particular tome la Corte dentro de poco determinará a Colombia el curso que debe seguir. Si acepta las excepciones, terminará el caso. Si no las admite, continuará el trámite del proceso y, en ese escenario, Colombia deberá superar el estadio de estudios y análisis sobre títulos históricos para fortalecer, además de lo anterior, su capacidad defensiva en materia de delimitación marítima, con base, entre otros aspectos, en los precedentes de la Corte en esa materia y con apoyo de centros de investigación de universidades extranjeras con reconocida experiencia en delimitación marítima.

La cuestión es bastante compleja. Colombia es parte de la Convención de Ginebra de 1958 sobre la Plataforma Continental, pero Nicaragua no los es. Nicaragua es parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, pero Colombia no lo es. Esta ambivalencia o limbo jurídico respecto de los tratados internacionales que rigen la materia objeto de la controversia, de ser ésta admitida, dejaría forzosamente a la Corte Internacional de Justicia plena autonomía para decidir el caso sobre la base del Derecho Internacional consuetudinario, lo que obliga, para Colombia, el análisis de las opciones y de los diversos escenarios que tiene la Corte Mundial para fallar el caso.

Con marcada influencia del derecho anglosajón, la Corte Mundial ha fallado ya varios casos sobre delimitación de fronteras marítimas. Ha tomado los siguientes referentes: la búsqueda de un acuerdo negociado entre las partes; el contenido y el alcance del Principio del Uti Possidetis Juris; Criterios de Equidad, Equidistancia y métodos prácticos de delimitación y pertinencia de la configuración de geología y la morfología de la Plataforma Continental.

No es frecuente, para ningún país, encontrarse en condición de demandado ante la Corte Mundial. Son situaciones excepcionales que demandan de los Estados esfuerzos voluntaristas y movilización institucional. Experiencias repetidas de otros países han mostrado con eficiencia que, frente a una demanda de tales dimensiones, los gobiernos recurren, además del trabajo de sus agentes o abogados ante la Corte, a las universidades, a los centros de investigación y a las comunidades epistémicas, con el fin de informarse a fondo y documentar completamente el caso sobre aspectos históricos, geográficos, oceanográficos, económicos, políticos, de relaciones internacionales y jurídicos.

Responsables nicaragüenses han expresado un marcado optimismo, alimentado por el hecho de haber obtenido su país, ante la misma Corte, en la década de los 80, un triunfo jurídico contra los Estados Unidos de América, cuya sentencia se ha convertido en referente para el estudio de varios problemas del derecho internacional. Frente a la postura nicaragüense hay que señalar que es mucha la diferencia de un caso al otro. Sin embargo, la prudencia recomienda no subestimar al contendor de Colombia en este caso ante la Corte.

Colombia debe preparar académicamente los escenarios por venir para fundamentar la defensa de nuestras zonas marítimas, pues de avocar la Corte el conocimiento de la cuestión de fondo, la lucha jurídica se centrará en la delimitación marítima. Eso nos refuerza en nuestra convicción de defender desde la academia, con patriotismo sí, pero desde unos saberes interdisciplinarios, lo que es nuestro, lo que pertenece a Colombia.


Colombia en la Corte de La Haya:

la lucha por el mar

Nicaragua ha planteado ante la Corte Internacional de Justicia su soberanía sobre el Archipiélago de San Andrés. ¿Qué tan válidos son los argumentos nicaraguenses? ¿Cuáles son los argumentos de Colombia? ¿A qué escenarios se enfrentaría Colombia en la discusión en la Corte? Antonio Rengifo Lozano, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Nacional de Colombia, responde a estos interrogantes.

Antonio J. Rengifo Lozano,
PhD Profesor de Derecho Internacional, Universidad Nacional. Grupo de Investigación Frontera y Territorio

Los mares, ríos y salidas al mar han sido desde siempre factor de crucial importancia en la consolidación del poder de los estados. A partir de la segunda mitad del siglo XX, la ampliación de los espacios marítimos bajo control de los estados y los avances tecnológicos tendientes a facilitar la exploración y la explotación de los recursos naturales mar adentro (off shore) han transformado la configuración de las fronteras en el mundo, poniendo de relieve la complejidad e importancia de los mares, dando lugar al incremento de controversias entre los países, como se observa en el número de casos sobre disputas marítimas sometidos a consideración de la Corte Internacional de Justicia, CIJ. Y muy probablemente los seguirá habiendo.

El valor estratégico del departamento archipiélago de Colombia radica en encontrarse en la mitad del trapezoide constituido por una zona de conflictos marcada por las esquinas Miami – Cuba –Nicaragua - Canal de Panamá (G. Sandner). La situación estratégica del departamento archipiélago de Colombia y de los mares que le son conexos, respecto de la aspiración de construcción de un canal interoceánico alterno al Canal de Panamá, pudo haber sido un factor considerado por Nicaragua para la presentación de la controversia propuesta contra Colombia ante la Corte.

Conviene, pues, analizar resumidamente, con base en los documentos oficiales de la Corte, los argumentos expuestos por Colombia y Nicaragua, en el orden en que fueron presentados recientemente durante las audiencias relacionadas con las excepciones preliminares propuestas por nuestro país, para presentar después los escenarios que se abren para el caso hacia el futuro en la Corte.

Dos excepciones

Nuestro país ha propuesto dos excepciones preliminares, objetando la competencia de la Corte para decidir sobre el fondo de la controversia propuesta por Nicaragua.

La primera excepción se funda en que la disputa que Nicaragua ha llevado a la Corte fue solucionada hace 75 años mediante el Tratado Esguerra - Bárcenas de 1928 - 30 y que como consecuencia, en los términos del Pacto de Bogotá, la Corte no tiene jurisdicción para decidir sobre el fondo de esa disputa.

El Tratado Esguerra - Bárcenas, cuya validez ha sido sostenida siempre por Colombia, incluyó tres elementos. El primero, el reconocimiento que hace Colombia de la soberanía de Nicaragua sobre la Costa Mosquitia y las Islas del Maíz. El segundo, el reconocimiento que hace Nicaragua de la soberanía de Colombia sobre el Archipiélago de San Andrés. El tercero, el acuerdo de Colombia y Nicaragua respecto del Meridiano 82 como línea divisoria o frontera entre los dos países.

En relación con el tratado, Colombia puso de presente ante la Corte que la propuesta de la adopción del Meridiano 82 como línea divisoria provino de la misma Nicaragua y que fue el Senado de ese país el que manifestó que dicha propuesta obedecía a la consideración de que la demarcación de la línea divisoria de las aguas en disputa era indispensable para que la cuestión fuera terminada de una vez y para siempre.

Prosper Weil, coagente de Colombia, expuso que si nuestro país reivindicara hoy soberanía sobre la Costa Mosquitia, Nicaragua podría decir, con razón, que esa cuestión fue solucionada o resuelta por el Tratado de 1928-30. Según este ilustre Profesor de la Universidad de París II, “al avanzar la tesis que avanza, Nicaragua juega con fuego, pues está minando ella misma los fundamentos de su propia soberanía sobre una parte de su propio territorio nacional” (par. 26, documentos oficiales de la CIJ).

Colombia ha sostenido que la Corte carece de competencia para juzgar el diferendo y que la controversia debe ser declarada como terminada, de conformidad con los artículos VI y XXXIV del Pacto de Bogotá. El Pacto de Bogotá, uno de los pilares del sistema interamericano, es el título de jurisdicción de la Corte en el asunto propuesto por Nicaragua y tiene por objeto excluir a los países Partes la utilización de los procedimientos judiciales establecidos en el mismo Pacto para reabrir diferendos respecto de los que hayan sido acordadas soluciones con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Pacto, 30 de abril de 1948.

La segunda excepción preliminar se apoya en la declaración de la voluntad de Colombia, consistente en excluir de la jurisdicción de la Corte las controversias que se desprendan de hechos anteriores a 1932, como obviamente es el caso de los hechos sobre los cuales quedó plasmado un arreglo o solución con el Tratado en mención.

Al alegar que el acuerdo al que llegaron los dos países en 1928-30 constituye un todo indivisible del cual Nicaragua no puede aceptar algunos componentes (la Costa Mosquitia) rechazando otros (el Meridiano 82) y al objetar, por ende, la competencia de la Corte en este asunto, Colombia ha adoptado una estrategia plenamente válida de riguroso apego a los principios del derecho internacional clásico, con argumentos expuestos sólidamente, que están llamados a prosperar. Bien diferente es la estrategia de Nicaragua.

Reivindicación

Nicaragua, obviamente, se opone a las excepciones propuestas por Colombia, insistiendo en la competencia de la Corte sobre lo que ese país fundamenta como una controversia internacional, exponiendo por primera vez, abiertamente y con toda claridad, el carácter esencialmente marítimo de su reivindicación.

Nicaragua cuestiona que Colombia busque “transformar” el tratado de 1928 en un tratado de delimitación marítima, pretendiendo interpretarlo con base en principios de derecho del mar, configurados muchos años después.

Alain Pellet, coagente de Nicaragua, Profesor en la Universidad de París - Nanterre, dejó claro que el diferendo sometido a la Corte por Nicaragua concierne: la validez del Tratado Esguerra - Bárcenas de 1928; su interpretación, principalmente en lo que concierne a la extensión geográfica del archipiélago de San Andrés; las consecuencias jurídicas de la exclusión expresa del campo de aplicación del tratado en lo que respecta a ciertas formaciones insulares que hacen parte del Archipiélago, de las cuales trata el artículo 1° de dicho tratado, y la delimitación marítima entre los dos estados.

Sin embargo, el Profesor Pellet explicita en las audiencias, seguidamente, que la delimitación marítima reivindicada por Nicaragua, por sí sola, “implica y engloba a todas las otras” (par. 5-6, documento oficial de la Corte).

Al invocar que la controversia versa esencialmente sobre una delimitación marítima, en torno de la cual giran las demás reivindicaciones que vienen a quedar como “accesorias”, Nicaragua ante la Corte pretende utilizar las complejidades y tecnicismos del derecho internacional del mar, aún en proceso de consolidación, para impulsar su controversia. Es a ese aspecto que Colombia deberá prestar especial atención para consolidar su estrategia defensiva, de continuar el procedimiento del caso ante la Corte.

Nicaragua ha desechado la negociación con sus vecinos para privilegiar, como línea de política exterior, los litigios ante la Corte, a fin de que sean decididas por esa vía sus controversias limítrofes, para lo cual cualquier argumento jurídico es válido.

La finalidad de Nicaragua consiste en jugar la carta de su reivindicación oceánica determinada por la geopolítica de hoy, en el más recóndito espacio que, en interpretación de ese país, hubiese podido dejar hace varias décadas el Tratado Esguerra - Bárcenas. Ejercicio riesgoso que se pretende innovador y más que innovador, demasiado audaz, no exento de contradicciones, como argumentó el Embajador Londoño, Agente de Colombia. ¿Qué podrá decir la Corte?


Los escenariosen la Corte

No sería prudente librarse a ejercicios de futurología para vaticinar una decisión sobre las excepciones preliminares. Más útil puede resultar una reflexión sobre los tres escenarios que tiene la Corte al respecto.

En el primer escenario, la Corte acepta las excepciones preliminares, con lo que se terminará el caso. Este sería el escenario más favorable a Colombia y sobre el que se han centrado los esfuerzos de los agentes y coagentes del Estado. La Corte tiene elementos sólidos, conformes con el derecho internacional, para aceptar las excepciones propuestas por Colombia, dando por terminada la controversia, si es que controversia ha habido, pues es claro que los instrumentos jurídicos que hace valer Colombia excluyen claramente la competencia de la Corte sobre el caso organizado por Nicaragua.

En el segundo escenario, la Corte rechaza las excepciones propuestas, con lo que se reasume el procedimiento sobre el mérito o fondo del asunto y la parte demandada es requerida para que presente su contramemoria en un plazo determinado. De no aceptar la Corte las excepciones, decidiendo continuar el procedimiento, este sería un escenario poco probable, dado el vínculo existente entre las excepciones preliminares y el fondo de la temática planteada por Nicaragua.

El tercer escenario es más complejo: la Corte declara que las excepciones u objeciones, en las circunstancias del caso, no tienen un carácter exclusivamente preliminar, reasumiendo el procedimiento que le permita adoptar posteriormente una decisión definitiva en la que se pronunciaría sobre todas las cuestiones que le han sido sometidas, tanto las excepciones preliminares como las cuestiones de fondo.

Las decisiones sobre excepciones preliminares en casos tramitados en el pasado por la misma Corte, en particular el de Nicaragua contra los Estados Unidos de América y el de la frontera terrestre y marítima de Camerún contra Nigeria, por la Península de Bakassi y la delimitación marítima en el Golfo de Guinea, conducen a pensar que la Corte podría inclinarse también por esta tercera opción.

Aunque este tercer escenario no sería el más favorable a Colombia, conviene no descartarlo. No sería el “escenario-catástrofe”, pues aquí también tiene Colombia opciones válidas para consolidar su estrategia defensiva. Habría sí que atender a las especificidades requeridas por esta opción en el evento de que la Corte determine que el curso a seguir es la continuación del trámite del caso.

Para Colombia, la complejidad del caso está determinada por el carácter esencialmente oceánico de la reivindicación nicaragüense y por lo que parece ser la asunción, por parte Nicaragua, de las posibilidades bastante remotas de que la Corte pudiese poner en cuestión la soberanía de Colombia sobre el territorio del Archipiélago, consolidada durante más de un siglo por el ejercicio de poder del Estado colombiano sobre territorio y mares del mismo.

Lo que Nicaragua está planteando ante la Corte es un debate teórico que se inscribe en las dinámicas de reivindicación de los espacios oceánicos por parte de estados ribereños, con evidentes implicaciones para el derecho internacional del mar y también, obviamente, para reivindicaciones futuras provenientes de muchos estados. Ya el Embajador Argüello, agente de Nicaragua y reconocido experto en derecho del mar, se apresuró a afirmar “estratégicamente”, en la vista oral sobre las excepciones preliminares, que “las cuestiones sometidas a la Corte no son académicas” (par. 43, documento oficial de la Corte). Académicas sí que lo son, como también altamente técnicas, por varias razones y no solamente por las características del medio marino.

En primer lugar, por los factores metajurídicos del problema, pues, como lo enunció el Profesor Weil hace varios años en un celebrado ensayo, el trazado de una frontera es siempre una operación jurídico-política.

En segundo lugar, porque aunque muchos interrogantes han sido despejados, son muchas las incertidumbres que subsisten en el derecho internacional de la delimitación marítima (David Anderson).

En tercer lugar, porque los factores geográficos, en particular la configuración de las costas, son determinantes para el derecho internacional de la delimitación marítima entre dos o más estados (Carleton and Schofield).

En su ansiedad por incrementar el espacio marítimo, Nicaragua pretende extender lejos, demasiado lejos y obviamente a su favor, el alcance del derecho internacional de la delimitación marítima. La cuestión no es de poca monta y de seguro generará muchos debates teórico-académicos, de manera que la estrategia de Colombia no podrá limitarse únicamente a la presentación de memorias ante la Corte, sino también a enfrentar el debate teórico.

Experiencias del trámite de otros casos sobre controversias territoriales y marítimas han mostrado la eficacia del rol de las universidades en el apoyo a las tesis de los países y en la confrontación de argumentos. Es cierto que el caso se tramita ante la Corte y que será ésta la que decidirá. Sin embargo, las alianzas con universidades extranjeras, centros de investigación, profesores reconocidos de derecho internacional y los llamados think tanks, contribuyen a abrir espacios y a generar consensos académicos en torno a posiciones teóricas, a partir de publicaciones, coloquios y otras actividades académicas, no solo respetando la autonomía del trabajo de los agentes ante la Corte, sino también complementando académicamente ese trabajo.

La defensa de nuestros mares, la importancia evidente de ellos en este milenio, que algunos expertos anuncian será marítimo, y las riquezas en recursos naturales marinos, conocidos y aún por conocer, son factores que justifican los esfuerzos que haga el Estado colombiano para preservarlos en su integridad. Tucídides enseñó que los países grandes hacen lo que quieren hacer, mientras los países pequeños aceptan lo que tienen que aceptar. El mar enseña la paciencia porque el conocimiento de los mares no se improvisa. Se requiere de voluntad política para tomar iniciativas desde ahora respecto de los escenarios que a futuro se presentan a Colombia en la Corte, yendo hacia adelante en el objetivo de continuar rechazando contundentemente lo que se pretende imponernos.


Colombia en sus mares

Los mares son espacios de libertad, de responsabilidad y de misterios. En el caso de Colombia, los espacios marítimos bajo su jurisdicción son casi equivalentes en extensión al territorio emergido y con acceso a dos de los océanos más importantes del planeta. Sin embargo, ¿qué tanta importancia le ha concedido la institucionalidad del país a sus mares?

Antonio J. Rengifo L., PhD,Profesor de Derecho Internacional
Universidad Nacional de Colombia

Desde los orígenes de la civilización humana, los mares han estado ligados a la historia, la cultura y el desarrollo de los pueblos. En la antigua Grecia, Tales de Mileto puso de presente que “el agua es la madre de todas las cosas”.

En la historia de la civilización, todos los pueblos que han alcanzado poderío o predominio, con la excepción del Imperio Mongol, lo hicieron apoyándose en el mar o en el elemento fluvial. Esta constatación tiene plena validez hoy y la tendrá aún por muchos años para la estrategia militar, fundada sobre la capacidad para desplegar rápidamente fuerzas a teatros exteriores de operaciones.

Los mares son espacios de libertad, de responsabilidad y de misterios. La vocación marítima está determinada por la visión que los pueblos tienen de sus espacios oceánicos y la relación que logran establecer con ellos. Esa visión ha sido y es poderosa en unos pueblos. Está ausente o es débil en otros. El mar no es simplemente un paisaje. Simboliza la experiencia de la eternidad, de la nada y de la muerte: es “un sueño metafísico”, en la bella expresión del escritor Thomas Mann. No tiene edad. En ello radica su misterio, su encanto y su fuerza.

Recursos

En los mares tuvo origen la vida sobre nuestro planeta. Los mares proporcionan sustancias para medicamentos, materias primas, recursos naturales vivos y no vivos, alimento altamente nutritivo. Ríos gigantes surcan todos los mares trasportando enormes masas de calor para mantener los equilibrios climatológicos del planeta.

La diversidad genética, biológica y química de los océanos es de lejos mucho más grande que la de los continentes.

En las profundidades oceánicas se preservan formas de vida insólitas, algunas bajo condiciones de alta toxicidad y falta de oxígeno, de imposible ocurrencia en los espacios emergidos. Los mares son el ecosistema de invertebrados de formas múltiples, peces de colores maravillosos, algas, bacterias planctónicas, picofitoplancton de diámetro inferior a un micrón y hongos, todos de utilidad para el desarrollo de nuevos medicamentos en la industria farmacéutica.

El océano posee inmensos recursos utilizables en farmacología. El 50% de las moléculas marinas patentadas en farmacología son anticancerosas. Por ahora, una sola ha sido comercializada. Su extracción y desarrollo presenta enormes dificultades.

Una parte del futuro energético del mundo podría encontrarse en el fondo de los océanos en forma de hidratos de metano, recursos gigantescos aun más importantes que todas las reservas de gas, carbón y petróleo que guardan los mares.

Pero el mundo oceánico, que cubre el 70% de la superficie de nuestro planeta, aún en buena parte por descubrir y comprender, es un patrimonio colectivo frágil y amenazado.

Amenazas

El rol de los océanos como regulador térmico está amenazado por el efecto invernadero. El riesgo de elevación del nivel de los mares, sustentado hoy científicamente, tendrá efectos devastadores en deltas y litorales, pudiendo poner en riesgo a considerables extensiones de países que se encuentran por debajo del nivel del mar. El efecto invernadero podría perturbar las corrientes oceánicas, lo cual contribuiría a bajas considerables de temperatura en la parte norte del planeta.

Los océanos reciben agresiones continuas de desechos industriales, nucleares, químicos y de hidrocarburos, al punto de convertirse en vertederos planetarios. La liberalización económica exacerbada acentúa la impunidad de aquellos que utilizan los mares como basureros.

La explotación excesiva de los océanos amenaza las reservas alimenticias y energéticas de un patrimonio que pertenece a la humanidad, comprometiendo los derechos de las generaciones futuras. Tan solo ocho países en el mundo, que disponen de alta tecnología, se benefician del 80% de los recursos pesqueros, llevando a un punto sin retorno las posibilidades biológicas de reproducción de varios ecosistemas, sin generar ninguna compensación a cambio por su utilización.

El desarrollo del sector marítimo continúa su dinámica: los intercambios marítimos, al favor de la tecnología de los contenedores, supera los seis millardos de toneladas al año, lo cual explica la competencia de los armadores y el impulso a la modernización de puertos, como condición imprescindible para los procesos de integración económica.

Frente a los peligros que amenazan a los mares, se está operando una toma de conciencia planetaria sobre la necesidad de preservar y conocer mejor los océanos. En 1994, entró en vigencia la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de la cual hacen parte, en la actualidad, más de 140 países. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró a 1998 como el Año Internacional de los Océanos.

Nuevas leyes y políticas públicas tratan de mitigar las contaminaciones y las agresiones a los litorales, en los cuales se encuentra el 37% de la población del planeta. Nuevas organizaciones internacionales ejercen competencias sobre los mares para coordinar, en una perspectiva global, los esfuerzos individuales de los Estados, promoviendo a la vez nuevos estándares y programas de cooperación internacional.

En el sueño metafísico, los mares son un misterio comparable al misterio del hombre: “¿Quién es el mar, quién soy?; lo sabré el día ulterior que sucede a la agonía”, escribió Borges. Para la ciencia, los mares siguen siendo un vasto universo aún por explorar, comprender y preservar.

Importancia científica

A partir de los años 80 del siglo pasado, la comunidad internacional consolidó la distribución espacial de los océanos a escala planetaria, proceso que se produjo a favor de desarrollos tecnológicos para la exploración submarina y de nuevos descubrimientos sobre la vida y funcionamiento de los océanos.

El preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en vigencia desde el 16 de noviembre de 1994, establece que “los problemas de los espacios marinos están estrechamente relacionados entre sí y han de considerarse en su conjunto”. Aunque plasmado en un instrumento jurídico de importancia y cobertura mundiales, ese precepto recoge el consenso casi unánime de la comunidad científica internacional.

En efecto, como lo reconoce la Agenda 21 (Cap. 17) y en particular el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, la fabricación de sistemas de observación por satélite y de diversos instrumentos innovadores han facilitado en gran medida la recopilación y la difusión de datos oceanográficos, que permiten a los científicos entender y prever las variaciones físicas, químicas y biológicas que tienen lugar en los océanos del mundo y aplicar ese conocimiento para atender necesidades sociales.

Esos esfuerzos cuentan con el apoyo del Sistema Mundial de Observación de los Océanos (SMMO), de cuya coordinación se encarga el Grupo Internacional de Coordinación de la Unesco, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Consejo Internacional de Uniones Científicas (CIUN). Esos desarrollos científicos internacionales corresponden al enfoque sistémico (comprehensive approach) como esencial para la investigación académica y salvaguarda de los océanos.

Hay que señalar, además, que en torno al precepto antes mencionado sobre interconexión de los problemas oceánicos, gira la política mundial de los océanos, el derecho internacional del mar, sus instituciones globales y toda la cooperación internacional en esa materia específica.

No está por demás afirmar que la investigación científica para la protección del medio ambiente marino, la gestión y el uso sostenible de los recursos oceánicos, el funcionamiento de los regímenes jurídicos y las instituciones globales con competencias oceánicas, debe recurrir a disciplinas que incluyen prácticamente todas las áreas del saber.

Son esos factores a tener en cuenta si se pretende abordar un enfoque sistémico para la investigación científica sobre océanos que facilite a Colombia una presencia más sólida en los escenarios internacionales donde se sigue produciendo el reparto geográfico de los mares para el presente siglo.

Situación
en Colombia

Es ya casi un lugar común afirmar que Colombia es un país que ha vivido de espaldas al mar (país altamente centralizado, enclavado en sus montañas andinas), situación paradójica si se tienen en cuenta factores tales como las extensas salidas (casi 3.000 kilómetros) a dos de los océanos más importantes del planeta y el rol activo de la diplomacia colombiana en los años 70 durante las negociaciones de la Tercera Conferencia Internacional sobre el Derecho del Mar.

Es preciso recordar, además, que los espacios marítimos bajo jurisdicción de Colombia son casi equivalentes en extensión al territorio emergido.

Sin embargo, los mares han sido los grandes olvidados de la institucionalidad en Colombia. Esta situación permite, de primera mano, hacer una constatación y establecer una necesidad inmediata y urgente para Colombia.

En primer lugar, es preciso afirmar que la investigación científica sobre océanos en Colombia ha estado sectorializada, centrada en la biología, la seguridad (Armada Nacional y Dimar), el medio ambiente y la prevención de riesgos (principalmente tsunamis). Ello a pesar de algunos esfuerzos de Colciencias y de varias universidades, entre ellas la Universidad Nacional de Colombia, con una Maestría en Estudios del Caribe, abierta a lo antropológico, social y cultural.

Sin embargo, ha faltado precisamente el marco institucional desde el Estado, carencia que se explica con cierto desdén de las élites tradicionales en Colombia por los océanos, que apenas empiezan a aparecer, no sin pena y dificultad, en los documentos sobre nuestra política exterior. Tampoco ha sido fácil la promoción de ese marco institucional desde la academia.

En segundo lugar, conviene expresar, precisamente, la urgencia para Colombia de una estructura académica, a falta de la estructura institucional, para el estudio sistémico de los problemas oceánicos.

Colombia no ha logrado integrar sus territorios oceánicos al desarrollo nacional. Si consideramos que “el tercer milenio será marítimo”, los mares deben ser parte imprescindible de una concepción geopolítica total, renovada y “resueltamente abierta a la posmodernidad desafiante”, que debe traducirse en investigación y trabajo académico con enfoque sistémico.

La escasa vocación marítima actual de Colombia y su nivel de desarrollo no pueden constituirse en excusa para sustraerse a los desafíos que presentan los mares a nuestro país. Países próximos al nuestro, como son Chile y Brasil, han logrado mantener una presencia importante en la escena internacional en materia de océanos. Las opciones de futuras alianzas están abiertas para Colombia.

La sectorialización que ha caracterizado en el pasado la investigación sobre mares y océanos impone la creación, para nuestro país, de estructuras académicas con capacidad para abordar el estudio sistémico de mares y océanos, en consonancia con los enfoques de la comunidad científica internacional y con las características específicas del medio oceánico.

Existen en Colombia alentadores destellos de luz en el horizonte. Desde los años 60, se ha consolidado una tradición de investigación en Biología Marina, con una masa crítica de investigadores en plena actividad, varios de ellos desarrollando en la actualidad programas de doctorado en el exterior.

En tercer lugar, existen esfuerzos institucionales desde el Estado para el desarrollo de los océanos, que se materializan en la adopción de una Política Nacional de los Océanos, el apoyo a la construcción naval, el desarrollo de infraestructura portuaria, la adopción de legislación interna y las respuestas a los compromisos adquiridos mediante tratados internacionales y requerimientos de organizaciones internacionales.

En cuarto lugar, existe también en Colombia una “toma de conciencia”, cada vez más creciente en los sectores académicos, en parte reflejo de una toma de conciencia planetaria respecto de la urgencia para responder a los desafíos que presentan los océanos en los comienzos del siglo XXI.

Es como consecuencia de los procesos expuestos brevemente que la Universidad Nacional de Colombia, conjuntamente con las Universidades de Antioquia, Magdalena, Valle, Jorge Tadeo Lozano, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi–IGAC, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras–Invemar y la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, ha emprendido la difícil tarea de crear un programa de doctorado en Ciencias del Mar, poniendo a disposición los recursos necesarios para ese fin.

La justificación final para la creación de ese programa radica en la perspectiva real de intensificar la investigación científica de los océanos desde un enfoque sistémico, que permita a Colombia, en lo interno, una mayor integración de los océanos al ordenamiento territorial y al desarrollo del país y, en lo externo, una mayor presencia institucional en sus mares, con inserción eficaz en las dinámicas regionales de integración Caribe y Pacífico, desde una interpretación crítica de los procesos de globalización en materia de mares y océanos.


FUENTE:UNPERIODICO



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